En esta página de la AMS apoyamos a los grupos vulnerables como lo son los derechohabientes del ISSEMyM,

quienes vienen sufriendo del abuso de  autoridades y organismos del Edomex, que han desviando las cuotas
que aportamos al Instituto, para otros fines; descapitalizando así el sistema de salud, de jubilaciones y pensiones.

 
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Inconstitucionalidad de la Nueva Ley del ISSEMyM

El proceso de reforma a la Ley del ISSEMyM 2002, se hizo de una manera sorpresiva, intempestiva, apresurada, mal planeada y mal lograda, en donde se pasaron por alto los más mínimas consideraciones democráticas, del derecho a la información, a la consulta, a la opinión, de las partes interesadas y sujetos obligados como son los poderes públicos del estado, los municipios, los tribunales administrativos, así como los organismos autónomos y auxiliares, fideicomisos públicos de carácter estatal y municipal, así como los servidores públicos, los pensionados y pensionistas, que quincenalmente cubren puntualmente sus aportaciones y como socios e interesados; se merecen ser tratados con dignidad y decoro, en estricto respeto a sus derechos humanos y laborales, no con el poder aplastante y voraz de un gobierno estatal y una cámara de diputados local, autoritaria, unilateral y antidemocrática, que desesperadamente apresuraron, la aprobación de una Nueva Ley del ISSEMyM, que inmediatamente después de su aprobación se ha demandado su abrogación por medio de las constantes protestas de integrantes del magisterio, servidores públicos estatales, municipales, de los organismos descentralizados, autónomos y auxiliares así como los propios trabajadores del ISSEMyM y aunque integraron una comisión para ser escuchados por los legisladores, éstos nunca los recibieron, sólo los atendieron algunos de sus representantes, mientras que la mayoría de los diputados del pueblo mantuvieron la puerta cerrada, a los derechohabientes interesados en ser escuchados.

La aprobación de la nueva ley fue improvisada bajo una línea clara del ejecutivo estatal misma que se reflejó con el voto de 39 diputados del PRI, Verde y Nueva Alianza, no obstante, 19 diputados lo hicieron en contra; de los que destacan diputados de Morena, PT y el grupo parlamentario del PAN que con diferentes expresiones coincidieron en que la nueva Ley del ISSEMyM, atropella los derechos humanos y laborales de los servidores públicos mexiquenses, ante una “supuesta crisis financiera” que en todo caso, no ha sido ocasionada por los derechohabientes sino por la complicidad y complacencia del propio Gobierno del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y Auxiliares, así como por los administradores del Instituto, quienes han permitido o provocado que por muchos años se acumule una deuda en contra del Instituto y sus derechohabientes que cada año se ha venido acrecentando, sin que se tomen medidas eficaces y pertinentes para resolver estas irregularidades, que en lugar de que las asuman los verdaderos responsables, las pretenden heredar a los indefensos derechohabientes.

No se debe privilegiar que los descuentos hechos a los servidores públicos sean ocupados para atender otras necesidades inmediatas como lo es el gasto corriente o el pago de adeudos con proveedores, ya que esta práctica implica desvió de recursos y de daño a la hacienda pública municipal, trayendo por consecuencia presión presupuestal al ISSEMyM, afectando con esto, al trabajador en la atención médica y a los jubilados en su sistema de retiro.

Es público y notorio que estos adeudos generalmente los heredan las administraciones salientes a las entrantes, mismas que se ven obligadas a cubrirlos, sin que hayan sido los responsables de generarlo y sin que se sancione a quien hizo un mal manejo de las retenciones hechas a los trabajadores, de esta forma, se ha hecho costumbre que las aportaciones de los trabajadores sean “la caja chica que les permite contar con recursos no fiscalizables, no auditables y no exigidos por parte del Instituto bajo la complacencia del gobernador en turno”.

El titular del OSFEM, en su reciente comparecencia ante esta H. Cámara de Diputados; comentó que de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera aplicable para el estado desde 2017, en uno de tres indicadores, el Ejecutivo tiene una calificación negativa pues el endeudamiento a corto plazo debe ser del 15% en relación con los ingresos y en el Estado de México este parámetro se encuentra al 17 por ciento, agregando que este indicador deberíamos tenerlo en cuenta para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del siguiente año, ya que si al momento no se ha corregido, no sería conveniente autorizar más deuda para el Estado en 2019.

Respecto a la situación financiera del ISSEMyM, dijo que hasta diciembre de 2017 el Instituto tenía 4 mil millones de pesos por cobrar del propio Estado, Municipios, Organismos Autónomos, Auxiliares y Fideicomisos, de las cuales, la Universidad Autónoma del Estado de México es la que presenta el mayor adeudo en el pago de cuotas de trabajadores con un monto de mil 671 millones de pesos hasta agosto de 2018.

 

Abrogación de la Nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno el 10 de agosto de 2018.

La abrogación de la ley es tácita; porque no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total que existe entre los preceptos de la ley anterior y la posterior[1], que, en el caso del análisis de la Nueva Ley del ISSEMyM, es violatoria de derechos constitucionales en materia de salud, de derechos humanos, de derechos adquiridos, de derechos de petición, de derechos sociales y de derechos derivados de los tratados internacionales.

Derechos humanos, adquiridos, de petición, de salud, sociales y tratados internacionales

Derechos humanos, adquiridos, de petición, de salud, sociales y tratados internacionales, la Nueva Ley del ISSEMyM es violatoria del artículo 1º constitucional que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución.

Por otro lado, el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece: en el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y esta Constitución para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará la vigencia del principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación…

Las violaciones se desprenden del derecho a la irretroactividad de la ley (artículo 14 constitucional) pues cuando surgen controversias que resultan del reconocimiento de derechos y obligaciones de las personas, se aplicará la ley que se encuentre vigente, y sólo se les aplicará la ley anterior siempre y cuando beneficie sus intereses o derechos.

Sin embrago en la actualidad, además de que el trámite de jubilación o pensión es tedioso largo e inesperado, tardando el dictamen por más de un año, invariablemente los dictámenes que emite el Comité de Pensiones, no obstante, debieran aplicar la Ley del ISSEMyM 1994, en una gran cantidad de casos, aplican la Ley del ISSEMyM 2002, por lo que el trabajador al hacer uso de su derecho de inconformidad, para corregir esta situación tiene que esperarse otro largo año para recibir contestación. Con estas malas prácticas no existen garantías para que, con la Nueva Ley, esto se corrija, por el contrario, restringirán aún más los derechos adquiridos y apostaran a la ignorancia, apatía, desgaste y necesidad del trabajador para aplicar discrecionalmente la ley que convenga a los intereses de quienes administran el ISSEMyM que no son, como ha quedado demostrado, los derechos de los derechohabientes.

En este mismo sentido se está violando frecuentemente el artículo octavo constitucional que garantiza el derecho de petición y a que de dicha petición recaiga un acuerdo escrito de quien se haya dirigido, el cual tiene la obligación de darlo a conocer en breve término al peticionario; pues en la práctica los servidores públicos que atienden la ventanilla para trámites de jubilaciones y pensiones, tienen instrucciones de negarse a recibir oficios de los derechohabientes y cuando finalmente lo logran, la respuesta puede tardar dos años para iniciar el tramite de jubilación o pensión y un año más para resolver la inconformidad.

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 22, 25 y 30, ofrecen a los servidores públicos, el encontrar el mejor camino para poder acceder a una pensión digna y pasar los últimos años de existencia en mejores condiciones de vida, a saber:

Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

El presente artículo nos da la posibilidad de satisfacer nuestros derechos derivados de la seguridad social de manera digna y con la libertad del desarrollo pleno en caso de jubilación y/o pensión, lo anterior no se encuentra garantizado en el cuerpo de la Nueva Ley de ISSEMyM, provocando una nueva violación a principios constitucionales, toda vez que los derechos derivados de convenios internacionales se equiparan a los derechos constitucionales.

Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

El presente artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos restringe al Estado la supresión del derecho humano a la Seguridad Social, como pretende hacerlo la Nueva Ley del ISSEMyM.

Derecho a la salud

Derecho a la salud, El artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, sin embrago, la Nueva Ley del ISSEMyM en su artículo 5, define el Copago como los montos que se deberán cubrir en los supuestos establecidos en la presente Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos del Consejo Directivo del Instituto, así como los previstos en los Convenios para el Otorgamiento de Prestaciones y Servicios; por otro lado otorga amplias facultades discrecionales al Consejo Directivo tal es el caso de lo señalado en el artículo 15, en donde señala la facultad del Consejo Directivo para establecer los montos del Copago, sin delimitar tal facultad o establecer al menos los límites entre los que se debe de actuar, bajo este grado de imprecisión y discrecionalidad el Copago se repite en diversos artículos, lo que deja al derechohabiente en total estado de indefensión.

El artículo 41 se establece que el copago para los padecimientos preexistentes no congénitos y tratamientos de alto costo será fijado en termino de lo señalado en el catálogo de prestaciones y servicios, sin embargo, dicho catálogo no se encuentra definido en el texto de la Nueva Ley del ISSEMyM, por lo que su conformación será al arbitrio y discrecionalidad del Instituto.

Las restricciones al derecho a la salud se ponen de manifiesto, con lo establecido por los artículos 29 y 30, que establecen respectivamente que la medicina preventiva se limita al primer nivel de atención y la medicación, conforme al cuadro básico. Es decir, los tratamientos y medicamentos para curar las enfermedades de alguna de las especialidades o las crónico degenerativas, quedan fuera del alcance de esta Ley; por otra parte, para aquellas enfermedades que requieran la atención médica de un segundo nivel, esta se otorgara pero limitado a solo 52 semanas; así mismo en el texto de la Nueva Ley del ISSEMyM, ha excluido a los beneficiarios, como también, ha excluido de la atención médica a aquellos enfermos ambulantes o pensionados cuando estos padezcan más de una enfermedad.

El artículo 32 resulta ser incongruente e impreciso, generando incertidumbre jurídica, dado que en su último párrafo se establece que un servidor público que queda en estado de invalidez y no reúne los requisitos para obtener una pensión, sólo podrá optar por retirar en una sola exhibición el saldo de su cuenta individual, dejando indefinida cuál es su situación respecto a su atención médica.

Derecho Social

Derecho social, el artículo 123 Constitucional apartado A, fracción XXIX, establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. A su vez el apartado B, fracción XI, establece las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores de los Poderes de la Unión.

Estas expresiones constitucionales se fundamentan en el Derecho Humano denominado Derecho a la Seguridad Social, que implica que el Estado debe realizar las acciones pertinentes para proporcionar servicios médicos, protección económica por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez o vejez, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente en el trabajo o es despedido de éste, debe recibir un apoyo económico que le permite solventar sus necesidades; en el caso de las personas adultas mayores, a recibir la protección del Estado, a través de lo que comúnmente se denomina pensión.

Por su parte el artículo 39 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señala que los beneficios de la Seguridad Social le serán otorgados a los trabajadores por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con el convenio celebrado el primero de mayo de 1992, entre el Ejecutivo del Gobierno Federal, el Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Ejecutivo del Gobierno del Estado.

Cuando en el cuerpo de esta ley se haga referencia a las prestaciones médico asistenciales y sociales que otorga el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como a la calificación de riesgos de trabajo que deba realizar dicha institución, se tendrá como entendido, en lo que así corresponda a los trabajadores de la educación federalizados, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos de la ley de este instituto.

Se transgrede el derecho a la seguridad social enmarcada tanto en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos como en los convenios internacionales suscritos por nuestro país y hasta ahora vigentes, pues el artículo 123 constitucional establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley; y en el apartado B en su fracción XI inciso “a)”, establece que la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

  1. Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

  2. En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

 

En la Nueva Ley del ISSEMyM, en su Capítulo VI relativo al Seguro de Riesgos de Trabajo, en el artículo 64, se prevé que cuando el servidor público fallezca a consecuencia de un riesgo de trabajo, sus beneficiarios podrán gozar de una pensión equivalente al 75% Sueldo Sujeto a Cotización, disminuyéndose esta prestación en un 25% respecto a la ley anterior. Misma situación que acontece respecto a lo establecido por el artículo 65.

Por otro lado, en el artículo 73 se establece que las Instituciones Públicas cubrirán una aportación por concepto de Riesgos de Trabajo, cuyo porcentaje será determinado de manera anual por el Consejo Directivo, sin embargo, lo anterior queda a la discrecionalidad de dicho consejo, generando con ello incertidumbre jurídica.

 

Ley Suprema y Tratados Internacionales

Ley Suprema y Tratados Internacionales, por su parte el artículo 133 constitucional, establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

A este respecto las disposiciones de la Nueva Ley del ISSEMyM, no deben estar por encima del artículo 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los tratados internacionales, toda vez que las normas jurídicas están ordenadas según su jerarquía o importancia, para que entre ellas haya un orden y no existan contradicciones y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos los tratados celebrados son la norma jurídica de mayor fuerza porque lo que si cualquier norma la contradice, la Constitución la deja sin efecto.

Abundando en los acuerdos internacionales, de los cuales nuestro país forma parte, estos obligan a los estados parte a respetar todos y cada uno de los derechos humanos plasmados en ellos y no le da a ningún estado en particular el derecho de la supresión de algún derecho humano proclamados en estos convenios, es así como el Protocolo de San Salvador establece:

Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social

  1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

  2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención cmédica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales

Del mismo modo el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, nos da muestra de la forma en la que estos convenios internacionales protegen por un lado el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y restringen por otro lado a los estados en el menoscabo de estos derechos humanos como a continuación establece:

Artículo 9. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 5.

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

 

Riesgos de Trabajo

 

Respecto a la Nueva Ley del ISSEMyM, su artículo 73 establece que las Instituciones Públicas cubrirán una aportación por concepto de Riesgos de Trabajo, cuyo porcentaje será determinado de manera anual por el Consejo Directivo, sin embargo, lo anterior queda a la discrecionalidad de dicho consejo, generando con ello incertidumbre jurídica.

 

Inconsistencias con el SAR, administración de las cuentas individuales, retiros y seguros

En el Capítulo VII relativo al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el artículo 74 dispone que el Servidor Público tendrá una cuenta individual integrada por las subcuentas de: retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de aportaciones voluntarias, contrario a lo que dispone la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que establece, que la cuenta individual solo se integra por la subcuenta de ahorro para el retiro, subcuenta del fondo de la vivienda, (inexistente en la presente Ley) y la subcuenta de aportaciones individuales.

El artículo 75. Establece que si el servidor público deja de estar sujeto a una relación laboral tendrá derecho a: realizar depósitos a su cuenta individual o retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre 75 días de su sueldo sujeto a cotización de los últimos cinco años el 10% de dicha cuenta, a partir del día 46 natural del día que quedo desempleado, esta disposición resulta restrictiva a hacer retiros únicamente cada 5 años, por otra parte no establece la posibilidad de hacer el retiro total del saldo de la cuenta individual si ya no se desea volver al servicio público.

 

Ambigüedades e imprecisiones que dejan en estado de indefensión al derechohabiente

En el artículo 78 se prevé que los servidores públicos tendrán derecho a un seguro de retiro, siempre y cuando la pensión que se calcule como renta vitalicia sea mayor en un 30% de la pensión garantizada una vez que se haya cubierto la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, al respecto no se establece el porqué será obligatorio cubrir dicha prima.

Así mismo se señala que se tendrá derecho a recibir el excedente de su cuenta individual solo si la pensión que se le dé es un 30% mayor a la Pensión Garantizada, una vez que pague la prima del seguro de sobrevivencia y podrá acumular los recursos de esa cuenta con lo de sus aportaciones voluntarias. Lo anterior no establece su razón de ser, ni se prevé cómo operará en el caso de que no existan aportaciones voluntarias, por otra parte, se limita el seguro de salud a la condición de haber aportado por 15 años o más.

Respecto al artículo 79 que establece que el pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez adquirirá con cargo a su Cuenta Individual un seguro de sobrevivencia, no se establece o justifica la legítima procedencia de la obligación de adquirir dicho seguro.

En el artículo 80 se señala que los servidores públicos podrán hacer disposiciones respecto de los recursos de su cuenta individual, sin embargo, ello originara que se disminuya en igual proporciona los años cotizados generando en consecuencia que el tiempo para alcanzar el derecho a una pensión se prolongue, o incluso que nunca se obtenga. Por otra parte, en el texto de la ley no se establece cuáles son los requisitos para acceder al seguro de retiro.

En relación a la Pensión por cesantía en edad avanzada, el artículo 82 señala que si el servidor público cesante tiene 60 años o más pero no reúne los años de cotización (25) podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios, al respecto la norma en cuestión es ambigua e imprecisa, toda vez que no se establece que se debe entender por seguir “cotizando” y cuál es su mecanismo.

El artículo 85 de la ley menciona, que para disponer de la cuenta individual y disfrutar de una pensión deberán de: Contratar con una aseguradora un seguro de pensión que le dé una renta vitalicia actualizable anualmente según el Índice Nacional Precios al Consumidor, pero ello solo si la renta vitalicia es mayor a la Pensión Garantizada, además de que no se establece el plazo por el cual se estará disfrutando de la renta vitalicia.

Respecto de la pensión por vejez el artículo 86 señala que, si no se reúnen los años de servicio, se podrá retirar el saldo total de la cuenta individual o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios; al respecto la norma en cuestión es ambigua e imprecisa, toda vez que no se establece que se debe entender por seguir “cotizando”. Por su parte el artículo 88, establece que los servidores públicos podrán contratar con una aseguradora un seguro de pensión que le dé una renta vitalicia, solo si la renta vitalicia es mayor a la Pensión Garantizada, sin establecer cuál es el plazo durante el cual se estará disfrutando de la renta vitalicia.

Recursos insuficientes para pensión garantizada.

Recursos insuficientes para pensión garantizada

Tocante a la Pensión Garantizada el artículo 89 dispone que si los recursos acumulados de la Cuenta Individual del Servidor Público son insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado y la adquisición de un seguro de sobrevivencia, recibirá del Gobierno del Estado una aportación complementaria para el pago de la pensión, y la administradora seguirá con la Cuenta Individual retirando el monto necesario para el pago de la pensión garantizada, sin establecer su periodicidad. Cabe destacar que la pensión garantizada es equivalente a un salario mínimo, lo que hace inviable que una persona pensionada pueda solventar con tal cantidad todos sus requerimientos económicos.

En el numeral 95 de la ley se establece que las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se depositaran en las subcuentas de la Cuenta Individual de cada Servidor Público, correspondiendo un 9% del Sueldo Sujeto a Cotización del servidor público y una aportación por parte de las Instituciones Públicas del 2% para retiro, mientras que el 10.77% Sueldo Sujeto a Cotización se designa para cesantía en edad avanzada y vejez, es decir la mayor proporción se destina al pago de seguros, en claro detrimento de los ahorros que debiera estarse generando.

Accidente o enfermedad

Respecto a la Pensión por Invalidez cuando el Servidor Público sufra una incapacidad física o mental derivada de una enfermedad o accidente ocasionada por causas ajenas al trabajo que le impida trabajar, la antigüedad, se incrementó a 3 años de antigüedad.

En el numeral 107 se señala en la fracción II que se depositaran mensualmente las cuotas y aportaciones al seguro de retiro, esantía en edad avanzada y vejez en la Cuenta Individual, lo cual resulta incongruente toda vez que el servidor público ya no se encuentra laborando.

Pensión por Causa de Muerte

En la Sección III, Pensión por Causa de Muerte, el artículo 113 establece el orden de prelación de los beneficiarios, el artículo en comento establece mayores cargas que las estipuladas en el Código Civil y no establece el procedimiento correspondiente.

El artículo. 117 que señala que los derechos a percibir pensión se pierden para los beneficiarios del servidor público activo; lo anterior resulta incongruente toda vez que si el servidor público se encuentra activo no se puede acceder a una pensión. Por otra parte, la fracción I de dicho artículo señala un caso de excepción la cual se encuentra prevista por el artículo. 151, sin embargo, en el mismo no existe ninguna excepción, toda vez que el artículo 151 del patrimonio del instituto. La fracción V menciona que se pierde el derecho a la pensión porque la pensionista contraiga nupcias o viva en concubinato o tenga un hijo que no sea del finado, lo anterior contradice criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 118 establece que, si un pensionado se ausenta por más de un mes y se denuncia su desaparición ante el Ministerio Público, los beneficiarios con derecho a la pensión una vez agotadas las instancias correspondientes disfrutaran de la misma. Lo anterior en vago e impreciso pues en el código Penal no se contempla la figura de la desaparición, por otra parte, en materia Civil se prevé la figura de la ausencia, no así la desaparición.

Portabilidad de derechos

En el Capítulo IX de la trasferencia de los derechos al Instituto provenientes de otros institutos de Seguridad Social en su artículo 123 que establece los convenios de portabilidad en los que se deberá de considerar: fracción IV. El dictamen de un Actuario independiente, lo anterior resulta impreciso toda vez que no se establece sobre la materia que se ha de dictaminar quien cubrirá el costo respectivo y cuál es el fin de este.

El artículo 124 Fracción I hace referencia que los Servidores Públicos, podrán solicitar que se acumulen los recursos de su cuenta individual correspondientes a su período de cotización al organismo. En la fracción III se señala que no se acumularan los periodos cotizados simultáneamente al instituto y al organismo, sin embargo, el concepto “organismo” no se encuentra debidamente definido en el artículo 5º de la Ley.

Atribuciones excesivas al Consejo Directivo, que deja indefenso al derechohabiente

El en capítulo X del Sistema Integral de Prestamos en diversos artículos, se hace referencia atribuciones concedidas al Consejo Directivo, lo cual le otorga facultades indefinidas y discrecionales. En el artículo. 132 se establece la posibilidad de que el Instituto ordene incluso a Instituciones Bancarias efectuar descuentos por concepto de créditos otorgados, lo anterior es violatorio de diversas normas relativas a las Instituciones Bancarias.

En el artículo 133 se prevé que los descuentos por concepto de préstamo e intereses no deberán ser mayores al 30% de los ingresos netos del Servidor Público. Salvo lo previsto por el artículo 18 el cual pretende realizar descuentos hasta por el 50% en caso de créditos hipotecarios lo anterior contraviene disposiciones de naturaleza laboral que establecen que no se pueden hacer descuentos mayores al 30% de los ingresos.

Afores

En el Título Tercero del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en la fracción V del artículo 146 se faculta al Instituto a seleccionar a las empresas administradoras de Fondos para el retiro. Lo anterior resulta contradictorio con lo dispuesto con el artículo 74 que establece la posibilidad de que el servidor público elija libremente la administradora de su elección, cuando en la especie ello es una atribución del Instituto, quien limitará el número de administradoras a elegir.

Entonces ¿será a través de las AFORES que se logre el bienestar y los derechos contemplados en la declaración universal de los derechos humanos? La respuesta a la pregunta es no, pues mientras la AFORES socializan las pérdidas y se quedan con las ganancias, siempre los trabajadores estaremos en desventaja ante estas administradoras pues no existe ley que les ponga límites a la voracidad con que administran los recursos obtenidos de las cuotas de seguridad social de los servidores públicos del Estado de México.

Ultrajes a derechohabientes e inconstitucionalidad

Todos estos ultrajes a los servidores públicos presentes en la Nueva Ley del ISSEMyM, que se pretende poner en marcha a partir del primer día del año 2019, no sólo representa los incrementos a las cuotas aportadas, sino el hecho de que el producto de estas aportaciones pretende privatizarlas a través de las AFORES, también incrementos en las condiciones de edad y tiempo de servicio para obtener el derecho a una pensión garantizada, de dos mil seiscientos ochenta y seis pesos con catorce centavos, moneda nacional, que representan un agravio para el trabajador del sector público pues la Nueva Ley del ISSEMyM establece que para poder acceder algún tipo de pensión, se debe contratar un seguro para poder garantizar que el disfrute del producto de la pensión la puedan disfrutar sus derechohabientes.

Los argumentos vertidos a través de los convenios internacionales permiten vislumbrar la clara violación, que la Nueva Ley de ISSEMYM realiza a los derechos humanos en especial al derecho a la Seguridad Social, dicha ley es, como ya lo mencionamos, por todos lados inconstitucional.

Integración autoritaria del gobierno y administración del Instituto, que minimiza la representación de los derechohabientes y sustituye al representante de los jubilados por un representante de la Institución de Asistencia Privada que represente a los pensionados.

En el artículo 147 relativo al Capítulo III Del Patrimonio y Financiamiento que establece la forma de gobierno y administración del Instituto se ha integrado al mismo a un representante de las Secretarias de Gobierno y de Trabajo, las cuales anteriormente no se consideraban y en la exposición de motivos de la ley no se estableció su razón de ser o sus objetivos específicos que hagan necesaria su inclusión, por otro lado no existe paridad entre los representantes del patrón y de los trabajadores, ya que en el primer caso son 18 considerando al representante de la institución de asistencia privada que represente a los pensionados y 5 representantes de los trabajadores. Así como el representante de la agrupación mayoritaria de pensionados se sustituye por un representante de la Institución de Asistencia Privada que represente a los pensionados, sin establecerse la razón jurídica de ello, limitando el derecho a la libre asociación y representación de los pensionados. Ello significa que la administración, así como los derechos de los trabajadores estarán sujetos a los intereses de los patrones y deja en estado de indefensión la defensa de los derechos de los trabajadores y pensionados.

Por cuanto hace a las atribuciones del Consejo Directivo contenidas en el artículo 148, la fracción II establece que le corresponde proponer al titular del ejecutivo emitir las reformas y adiciones a la ley, cuando ello, en el artículo 20 de la fracción II de la ley que se abrogo, era una atribución exclusiva del Consejo Directivo.

En el artículo. 151 fracción X se establece que el patrimonio del Instituto lo constituye: los recursos que reciba del Gobierno Federal para financiar prestaciones, servicios o seguros y la fracción XI los ingresos provenientes de la aplicación del Copago. De lo anterior no se encuentra debidamente sustentado del porque se recibirán recursos federales; ni cómo se aplicarán los recursos provenientes del Copago. Suponemos que los recursos federales son los relativos al Seguro Popular que, como se comenta más adelante, su administración y adecuado uso, se encuentran seriamente cuestionados.

En este caso se llega al extremo del abuso, la imposición y el autoritarismo en contra de los derechohabientes del Instituto, cuando hemos sido y somos la verdadera razón de ser del ISSEMyM.

Al Consejo Directivo le proporcionan facultades y atribuciones descomunales, pero no existen al menos en la misma dimensión obligaciones y sanciones, que al menos nos den la expectativa del debido gobierno y administración de nuestros recursos, cuando han demostrado ser pésimos administradores, destacando su negligencia e irresponsabilidad en el manejo de los adeudos de los entes que lo conforman, condonando y fijando términos en condiciones discrecionales que los hacen dueños y señores de los haberes y patrimonio del Instituto que no es de ellos, sino que su deber ser, corresponde a los derechohabientes.

Es decir, que una ley que fue hecha desde 1969 para los derechohabientes, a partir del 2019 será expropiada y usufructuada por el Consejo Directivo del ISSEMyM y el Gobierno del Estado de México, despojando a los derechohabientes del ISSEMyM de sus legítimos derechos adquiridos ya que como su nombre lo dice, es una Ley de Seguridad Social Para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y en las anteriores leyes expedidas antes de la Nueva Ley del ISSEMyM 2018, se reconoce que el desarrollo social y el combate a la pobreza, es uno de los ejes rectores, que concibe a la seguridad social como una obligación del gobierno, que se traduce en el derecho que corresponde al ser humano para acceder a la  salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo. El elemento más valioso con que cuenta la administración pública es el humano, esto es los servidores públicos que con su trabajo hacen posible que se materialicen programas y acciones públicas en beneficio de la sociedad. El gobierno tiene, por tanto, el deber de otorgar a sus servidores públicos un régimen de seguridad social que les garantice su derecho a la salud y un sistema de pensiones que, a su retiro del servicio, les asegure una vida digna y decorosa.

Sin embargo, ahora que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de México, reconocen y se obligan al respeto a los derechos humanos como fundamentales, el Gobierno del Estado de México nos trata y nos ve a los servidores públicos y derechohabientes con desprecio. Pues de todos es conocido que solo aprecian nuestro valor en épocas electorales, con el interés mezquino de usarnos para lograr sus aspiraciones políticas, a través de un partido que ahora está derrotado.

La alta dirección del ISSEMyM no conoce la crisis, pues independientemente de administrar mal al Instituto, son una burocracia abundante y excelentemente bien pagada, hasta la vergüenza, si comparamos los sueldos de médicos especialistas con los de la alta dirección hay una diferencia, enorme e inalcanzable, además de que usan el presupuesto discrecionalmente para cautivar a la dirigencia sindical, Sólo el año pasado, el ISSEMyM entregó 31 millones 826 mil 446 pesos al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) para la compra de los automóviles que se rifaron en el Día de Servidor Público, para los regalos que se entregaron en el Día del Padre y los electrodomésticos que se repartieron en el Día de la Madre, además de cubrir la renta de autobuses, compra de calzado y pagar viajes de recreación e integración familiar.

De acuerdo con el portal de transparencia, el ISSEMyM entregó dos millones 200 mil 745.33 pesos para la adquisición de vehículos que se rifaron en el evento del Día del Servidor Público, el 11 de agosto. También, le entregó dos millones 571 mil 169 pesos para la adquisición de “Unidades de Transporte”, mientras que uniformes deportivos para desfiles del 1 de mayo y del 20 de noviembre se facturaron en un millón 370 mil 668.95 pesos.

Ello entre otros gastos superfluos, con evidentes tintes políticos, a costa de nuestras cuotas y aportaciones y no precisamente del dinero del Consejo Directivo.

Venta de nuestros servicios de salud y de nuestra infraestructura hospitalaria, que desde 1969 hemos mantenido

En la Sección II relativa al Financiamiento de las Prestaciones y Servicios, el artículo 153 fracción VI, establece como fuente de financiamiento los ingresos obtenidos por la venta de servicios de salud (lo que implica un negocio con los servicios de salud que financiamos con nuestras cuotas), uso de infraestructura hospitalaria u otros relacionados; fracción VII la venta de materiales excedentes o el de sus entes y derechohabientes. fracción VIII la venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; fracción IX los recursos provenientes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; fracción X los créditos bancarios y fracción XI los retiros del capital de reservas.

Lo anterior no se encuentra debidamente sustentado en la exposición de motivos de la Nueva Ley del porque estas son las fuentes del financiamiento de las prestaciones y servicios cuando históricamente estas han sido cubiertas exclusivamente por las cuotas y aportaciones. En tal virtud, las cuotas y aportaciones que se establecen en la Nueva Ley, no se encuentran debidamente justificadas, pues las mismas no son utilizadas exclusivamente para el financiamiento de las funciones sustantivas del Instituto.

Nuevamente el todopoderoso Consejo Directivo fijará cuotas y aportaciones extraordinarias a cargo de los Servidores Públicos e Instituciones Públicas, en caso de déficit o insuficiencia de reservas.

Aunado a lo anterior el artículo 155, 156 y 160 establecen que en caso de déficit o insuficiencia de reservas este se cubrirá con cuotas y aportaciones extraordinarias a cargo de los Servidores Públicos e Instituciones Públicas, mismas que determinará el Consejo Directivo. Lo anterior deviene en arbitrario y discrecional, toda vez que las cuotas y aportaciones podrán ser modificadas en cualquier tiempo y en cualquier cantidad, generando incertidumbre jurídica.

El Consejo Directivo resolverá sobre la terminación anticipada de convenios que se suscriban con Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, los Órganos Constitucionales Autónomos (UAEM); las Administraciones Públicas Municipales y sus Organismos Auxiliares.

 

Respecto a los artículos 172 y 174 relativos al Título Séptimo, de los Convenios para el Otorgamiento de Prestaciones y Servicios Instituciones, se prevé que las Instituciones Públicas señaladas en las Fracciones IV y V del artículo 1º de la Ley deberán suscribir convenios para que sus servidores públicos, pensionados, pensionistas y beneficiarios reciban las prestaciones y servicios, así como de dar por terminada la vigencia de estos anticipadamente. Para la terminación anticipada de algún convenio, bastará una resolución del Consejo Directivo.

Lo antes señalado genera incertidumbre jurídica toda vez que se trata a los derechohabientes de las Instituciones Públicas de manera discriminatoria, respecto de las mencionadas en las fracciones I, II y III del artículo 1º de la Nueva Ley. Igualmente se genera incertidumbre jurídica, respecto de cómo quedan los derechos, las prestaciones y servicios para los servidores públicos de aquellas Instituciones Públicas con las que no suscriban los citados convenios o bien estos sean terminados anticipadamente.

Violación de los artículos constitucionales que garantizan la irrenunciabilidad de derechos adquiridos, pues a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, así como la jerarquía de las leyes y los tratados internacionales.

Respecto a los artículos transitorios siguientes, son vagos, imprecisos y violatorios del artículo 14 constitucional relativo a la irrenunciabilidad de derechos adquiridos, pues a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; así mismo, son violatorios del artículo 133 constitucional, toda vez que las normas jurídicas están ordenadas según su jerarquía o importancia, para que entre ellas haya un orden y no existan contradicciones y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados son normas jurídicas de mayor fuerza porque lo que si cualquier norma la contradice, la Constitución la deja sin efecto.

 

Los derechos adquiridos por los Servidores Públicos en activo, previos a la entrada en vigor de la presente Ley, surtirán sus efectos, siempre que continúen las condiciones en que se hayan generado

Respecto al artículo transitorio Quinto, establece que los derechos adquiridos por los Servidores Públicos en activo, previos a la entrada en vigor de la presente Ley, surtirán sus efectos, siempre que continúen las condiciones en que se hayan generado, es decir condiciona los derechos adquiridos mientras subsistan las condiciones en que se hayan generado, situación vaga e imprecisa que deja en estado de indefensión al derechohabiente y está sujeta a la discrecionalidad e interpretación del representante del Instituto, situación que no da certeza jurídica y violenta los derechos constitucionales.

Se sujetan los derechos adquiridos con anterioridad a los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.

Es deir, si te corresponden los beneficios y derechos de alguna ley anterior, pero te los otorgan a partir de que la Nueva Ley haya entrado en vigor, se aplicarán exclusivamente los beneficios y derechos que contempla la nueva ley.

Respecto al artículo transitorio Séptimo expresa que los pensionados, pensionistas o beneficiarios que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.

Respecto al artículo transitorio Octavo señala que a los Servidores Públicos que se encuentren cotizando al Instituto a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocerán los periodos efectivamente cotizados con anterioridad.

El artículo transitorio Noveno señala que los Servidores Públicos en activo podrán optar por permanecer en el régimen de pensiones que se establece en los artículos Décimo Segundo al Décimo Séptimo Transitorios de la presente Ley, o por migrar al régimen de pensiones de cuenta individual establecido en esta Ley, en cuyo caso se les calculará una Acreditación.

Respecto al artículo transitorio Décimo Tercero se encuentra en el mismo caso, ya que establece que los Servidores Públicos que no opten por la Acreditación quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley, por cuanto se refiere a las prestaciones y servicios de seguridad social relativas al seguro de salud y de riesgos del trabajo, inhabilitación y fallecimiento, préstamos, prestaciones sociales, culturales y asistenciales, y otros aspectos generales del régimen de seguridad social que regula esta Ley.

Para las pensiones, en caso de reingreso al ISSEMyM, se tomará como base el último ingreso al servicio público y no cuando se empezó a cotizar al Instituto, que es cuando nacen tus derechos, en base a las leyes 1994 y 2002.

El artículo transitorio Décimo Quinto, se refiere a que, para las pensiones, les será aplicable el Capítulo III del Título Tercero de la Ley que se abroga con excepción del párrafo segundo de la Sección Segunda y de los requisitos de edad y tiempo de cotización.

Por lo que hace a los requisitos de edad y tiempo de cotización, se tomará como base el último ingreso al servicio público.

Tiempo en el que nace el derecho a una pensión

Y en la fracción VI, remata diciendo el derecho a una pensión nace al momento de cumplir con los requisitos de edad, tiempo de cotización al Instituto, señalados en este artículo, incluyendo la presentación del Aviso de Movimiento de baja del servicio público y de la solicitud de pensión que corresponda.

Esto es una arbitrariedad y un absurdo de mala fe que viola nuevamente los artículos 14 y 133 constitucionales, como si sus derechos se hubieran perdido al dejar de cotizar y apenas iniciaran al entrar nuevamente, al servicio público, o al momento de cumplir con los requisitos de edad, tiempo de cotización al Instituto, incluyendo la presentación del Aviso de Movimiento de baja del servicio público y de la solicitud de pensión, cuando el Artículo 8 de la Ley del ISSEMyM del año 1994 a la letra dice: Las obligaciones del Instituto para con los servidores públicos se generan a partir de su ingreso al servicio, independientemente de la fecha en que se reciban las cuotas y aportaciones establecidas; y, a mayor abundamiento el Artículo 6 de la Ley del ISSEMYM del año 2002 establece: Los derechos que otorga la presente ley a los servidores públicos se generan a partir de su ingreso al servicio independientemente de la fecha en que el Instituto reciba las cuotas y aportaciones establecidas.

Por lo que es una constante y reiterativa violación a los artículos 1º, 14 y 133 constitucionales, de la Nueva Ley, sujetando abusiva e ilegalmente al derechohabiente al momento de la presentación del Aviso de Movimiento de baja del servicio público y de la solicitud de pensión, situación que afecta gravemente a aquellos trabajadores que han superado la edad máxima de jubilación y quienes además han aportado más cuotas al Instituto por tener mayor tiempo de aportaciones al Instituto, situación que además de ventajosa es inequitativa, violando el artículo 1º constitucional y tratados internacionales, relativo a sus derechos humanos, pues se le discrimina por razones de edad avanzada.

Seguro por fallecimiento

En el mismo caso se encuentra el artículo décimo séptimo que dice los Servidores Públicos que, no hayan optado por la Acreditación conforme a los artículos Noveno y Décimo Transitorios de esta Ley y los pensionados en términos del Décimo Quinto Transitorio del presente ordenamiento, tendrán derecho al seguro por fallecimiento que establece el artículo 102 de la presente Ley. Dicho seguro está sujeto a la decisión discrecional del Consejo Directivo y sujeta al capricho del Director General pues lo deberá proponer para que se fije anualmente, señalando lo siguiente: que nunca será menor a una cantidad fija de cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor; correspondiente al año calendario anterior. Dicha actualización será calculada por el Instituto y propuesta por el Director General al Consejo Directivo del mismo, quien en su caso emitirá el Acuerdo correspondiente, el cual será publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

En cambio, la Ley vigente del año 2002, establece en su artículo 133, que el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 500 salarios mínimos.

Previo a que se agoten las reservas constituidas del Fondo de Pensiones

El artículo décimo noveno establece que el Instituto seguirá cubriendo el importe de las pensiones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley en los términos en que hayan sido otorgadas, previo a que se agoten las reservas constituidas del Fondo de Pensiones, el Instituto deberá proceder en términos del artículo 156 del presente ordenamiento.

El artículo 156, por su parte establece que, en caso de existir déficit o insuficiencia de reservas, se cubrirá mediante cuotas y aportaciones extraordinarias a cargo de los Servidores Públicos y las Instituciones Públicas, las cuales se determinarán por el Consejo Directivo, tomando en cuenta criterios de proporcionalidad.

Es decir, persiste la discrecionalidad sujeta a que el Consejo Directivo determine tanto el tiempo previo de agotamiento de reservas como la proporcionalidad a aplicar, repitiéndose la vaguedad, imprecisión estado de indefensión y violación a los derechos constitucionales.

El artículo trigésimo segundo, señala que los asuntos en trámite al momento de entrar en vigor la ley, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. Es decir nueva y sistemáticamente incurren en la violación a los artículos 14 y 133 constitucionales.

El artículo vigésimo séptimo establece el plazo para que las instituciones públicas y el Instituto actualicen sus mecanismos de administración, dejando indefinidos cuales son estos, además de que serán fijados discrecionalmente por el Instituto.

Los artículos vigésimo octavo y vigésimo noveno disponen que la administración del fondo del Sistema de Capitalización Individual actual, lo lleve a cabo las administradoras de Fondos para el Retiro y que el costo de su administración será a cargo de la cuenta individual del servidor público, de acuerdo con las bases y porcentajes que autorice el Consejo Directivo, siendo esto último, una disposición indefinida, discrecional que genera incertidumbre jurídica.

El artículo trigésimo mandata que las actuales reservas actuariales y financieras se usen hasta su extinción para el pago de las pensiones vigentes y para cubrir el déficit de operación del Instituto.

Este artículo es temerario ya que nos anuncia un posible déficit que se cubrirá con las reservas actuariales y financieras, cuando como ha sucedido, él déficit, puede ser generado por los administradores del instituto, por el Gobierno del Estado, de los Municipios, Organismos Autónomos, Auxiliares y Fideicomisos, dejando brutalmente desprotegidos a los derechohabientes y pensionados, favoreciendo a los verdaderos causantes del déficit de operación.

Lo anterior, deja de manifiesto que lo que menos les interesa a los administradores del Instituto, al Gobierno del Estado, de los Municipios, Organismos Autónomos, Auxiliares y Fideicomisos son los derechohabientes origen causa y motivo de la Ley del ISSEMyM pues los artículos trigésimo cuarto y trigésimo quinto establecen por enésima vez el perjuicio mortal de nuestro Instituto que se refleja nuevamente en el beneficio a las instituciones públicas de condonación de multas y recargos por adeudos en el pago de cuotas y aportaciones y el procedimiento para su aplicación.

Aunque existen los derechos la reparación por violaciones a los derechos humanos, relativos a que toda persona que sufra una violación a sus derechos humanos, tiene derecho a que el Estado repare el daño o menoscabo sufrido, de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva, en la práctica es prácticamente imposible que los trabajadores se dediquen a demandar la indemnización por el derecho que les asiste a la reparación del daño ocasionado por las violaciones a sus derechos humanos, ya que la falta de sanción administrativa o penal de servidores públicos responsables de violaciones graves a derechos humanos ha contribuido a ‘normalizar’ conductas por parte de la autoridad, a que se repitan y, en consecuencia, a que no se atiendan y erradiquen las circunstancias que las generan.

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido que víctima es la persona cuyos derechos han sido violados por parte del Estado. Al referirnos a los agravios cometidos por éste, estamos hablando de las consecuencias que traen los actos contrarios a derecho en que incurren los servidores públicos, por acción u omisión, con motivo del ejercicio de sus funciones o en aparente cumplimiento de las mismas.

Por ello, en alcance de la consolidación de un Estado de derecho no puede haber referencia de la víctima que padeció transgresiones a sus derechos fundamentales sin hablar de la reparación del daño, lo que, por consecuencia, significa una acción del Estado hacia el reconocimiento de la dignidad humana y a la adopción de medidas de reparación de los daños causados, la sanción a los culpables y la ejecución de medidas que garanticen la no repetición de los hechos que motivaron la violación de esos derechos.

La CoIDH, en su jurisprudencia, señala como principal criterio de reparación el restablecimiento de la situación anterior y el resarcimiento de las consecuencias que la infracción produjo, cuando esto sea posible. También menciona la obligación del Estado de reparar los daños patrimoniales y extra patrimoniales, contemplando dentro de los primeros el daño emergente y el lucro cesante, y dentro de los segundos el daño moral y formas de reparación como la disculpa pública, la construcción de parques, monumentos, escuelas o la indemnización por el daño ocasionado al proyecto de vida.

Por lo que la única forma en la que se puede garantizar la certeza jurídica para los derechohabientes del ISSEMyM, queda claro que es, la Abrogación de la Nueva Ley del ISSEMyM, es violatoria de los principios constitucionales motivo por el cual se debe considerar una norma inconstitucional, no sólo por el hecho de que transfiere la obligación que tiene el Estado para garantizar las pensiones, al trasladarlo a los particulares, sino también por la forma en cómo anula varios derechos fundamentales.

La función legislativa debe estar regida por la ética personal, y la toma de decisiones debe ser en pro del interés general y nunca del interés particular, como es el caso del ejercicio discrecional con el que permiten adeudos al ISSEMyM y condonan los mismos en perjuicio de los derechohabientes y de una Institución noble y de buena fe, que es no solo para los derechohabientes, sino para la sociedad en general, pues de todos es conocido que en sus hospitales, incluyendo a los de especialidades como el Centro Oncológico Estatal del ISSEMyM, se atiende a la población mexiquense que cuenta con el Seguro Popular.

La responsabilidad del ejecutivo es velar por la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, como es el caso de que en lugar de proponer nuevos programas sociales cumpla con su compromiso de respetar la Ley del ISSEMyM promulgada el 3 de enero de 2002, mediante el Decreto número 53 de la H. LIV Legislatura del Estado de México, como "Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios" que es de orden público e interés general, y tiene por objeto la aplicación y cumplimiento del régimen de seguridad social a favor de los servidores públicos del Estado y Municipios, así como de sus Organismos Autónomos, Auxiliares y Fideicomisos, misma que entró en vigor a partir del 1º de julio de 2002, abrogando a la expedida el 17 de octubre de 1994.[2]

 

La responsabilidad del Legislativo Estatal es proporcionar certeza jurídica en el cumplimiento de las leyes, pues es, una de las instituciones más importantes del Estado moderno, por la relevancia social de los asuntos que trata, por su capacidad de regular asuntos de interés general para la población y por ejercer su función en representación de la sociedad con la pluralidad que le es propia.

La función legislativa debe estar regida por la ética personal, y la toma de decisiones debe ser en favor del interés general y nunca del interés particular, como es el caso del ejercicio discrecional con el que permiten adeudos al ISSEMyM y condonan los mismos en perjuicio de los derechohabientes y de una Institución noble y de buena fe, que es, no solo, para los derechohabientes, sino para la sociedad en general, pues de todos es conocido que ahí se atiende a la población mexiquense que cuenta con el Seguro Popular.

Sin embargo, el primero de noviembre de este año se suman 36 denuncias contra funcionarios del Seguro Popular en 18 estados por un desfalco al Seguro Popular de 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos que involucra a funcionarios de 18 estados de la República, destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social, mismos, que terminan siendo desviados o usados para otros fines por parte de funcionarios del Seguro Popular en la mayoría de los estados de la República.

Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas denuncias por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016.

La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.

Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.

 

En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno Federal aportó 2 mil 603 pesos, que fueron transferidos a cada uno de los estados, al ser los responsables de brindar la atención médica, de acuerdo con cifras de Impunidad Cero.[3]

 

Por otro lado, a nivel federal, en el foro “Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM”, publicado por MUNDO ITAM del 7 de mayo de 2018, se denuncia que, en 5 años, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto amputó discrecionalmente, contra lo determinado por el Poder Legislativo, 23 mil 80 millones de pesos destinados al rubro de la salud. Todo se instrumentó, entre 2013 y 2017, a través de “modificaciones al presupuesto” ejecutadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, para este 2018 sumó un recorte abierto por más de 9 mil 500 millones. El boquete en salud suma 32 mil 583 millones 200 mil pesos. Legisladores y organizaciones civiles denuncian que nunca se justificó el destino final de esos recursos. Mientras, millones de enfermos padecen o mueren en el desamparo. (Contralinea, 21 de marzo de 2018).[4]

Con corrupción e impunidad, es imposible, asegurar que el ejecutivo federal y estatal cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo cuarto de nuestra carta magna.

La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, fracción III, señala: se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Sin embrago, la soberbia, la corrupción e impunidad imperan, desfavoreciendo nuestra competitividad como estado nación, así como favoreciendo y propiciando mayores índices de desigualdad y de pobreza.

[1]  Tribunales Colegiados de Circuito. 21 julio 95 Abrogación y Derogación, Distinción entre sus Alcances. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Agosto de 1994, Pág. 577. Recuperado de https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/210/210795.pdf.

[2]  OSFEM-ISSEMyM. 2017. Libro 05. Información Financiera Organismos Auxiliares ISSEMyM – SRyTVM. Recuperado 1 octubre 2018. OSFEM https://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/CtaPub/IR_CtaPub17.html. Págs. 7-8.

[3]  Beltrán Jose. 1 noviembre 2018. Denuncian al Seguro Popular por un desfalco de 83 mil millones de pesos. Huffingtonpost, México. Recuperado el 19 noviembre 2018 de https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/11/01/denuncian-al-seguro-popular-por-un-desfalco-de-83-mil-millones-de-pesos_a_23577980/.

[4]  Mundo ITAM. 7 mayo 2018. Derecho y salud en México: ¿se cumple el artículo 4° constitucional? ITAM. Recuperado el 20 noviembre 2018 de https://mundoitam.com/2018/05/07/derecho-y-salud-mexico-retos/.